Propuesta de venta de The Dolphin Company a Grupo Xcaret amenaza con un monopolio del 90% y viola fallos judiciales

• La transacción por US$20 millones entregaría a Delphinus, filial de Grupo Xcaret, el control de más del 90% de los hábitats de delfines en México, creando un monopolio sin precedentes en el sector turístico. 
• La propuesta viola el fallo definitivo de la Suprema Corte mexicana que prohíbe vender bienes de la empresa e intenta adelantarse a la decisión de la corte de EE. UU. sobre la legitimidad de la administración actual.

Ciudad de México, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eduardo Albor, fundador de The Dolphin Company y representante de la administración original de la empresa, notifica a todas las partes interesadas que la administración actual de Dolphin Company presentó una propuesta de adquisición que otorgaría a Delphinus Blue Planet, filial de Grupo Xcaret – presidido por Miguel Quintana Pali – el control de sus principales activos y parques en México por US$20 millones: un monto sustancialmente menor al precio en que dichos activos fueron valorados por los propios acreedores financieros. De concretarse, la operación violaría fallos judiciales en México y Estados Unidos, además de otorgar a un solo operador más del 90% del mercado de hábitats de mamíferos marinos, creando un riesgo de monopolio sin precedentes en el turismo nacional.

La solicitud de compraventa fue presentada ante el Tribunal de Bancarrotas de Delaware apenas tres días después de concluida la audiencia probatoria del pasado 20 y 21 de julio. El documento fue firmado por Rodrigo Constandse en representación de Delphinus Blue Planet, junto con Steven Strom, quien actuó como representante designado por CiBanco a nombre de los acreedores financieros Prudential Financial, Inc., The Cigna Group y Sculptor Equity Management.

La participación de CiBanco, como agente de garantías y fiduciario de estos acreedores, resulta altamente cuestionada, dado que la institución financiera se encuentra actualmente en proceso de liquidación tras enfrentar graves cargos de lavado de dinero vinculados a cárteles mexicanos. Además, fue precisamente esta entidad la que impuso a la directiva actual de la compañía, cuya legitimidad y autoridad corporativa para iniciar el proceso de bancarrota en Estados Unidos fue formalmente impugnada por la administración original, liderada por Eduardo Albor, durante la reciente audiencia.

"Este caso va mucho más allá de la propuesta de venta de activos, forma parte de una estrategia ilegal para seguir tomando control de la compañía y despojarla de sus principales bienes. Esto concierne al estado de derecho, al gobierno corporativo y al respeto por las sentencias definitivas de los tribunales mexicanos", afirmó Eduardo Albor, fundador de The Dolphin Company.

Una decisión que iría en contra de la ley mexicana y estadounidense

En México, la transacción viola directamente un fallo inapelable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 30 de junio. El Máximo Tribunal ratificó la nulidad absoluta de la remoción de Eduardo Albor y determinó la plena vigencia del Concurso Mercantil de la compañía. Dicha resolución mantiene activa la orden judicial de suspensión, la cual prohíbe estrictamente la venta, gravamen o transferencia de los bienes de la empresa sin la autorización expresa del juez mercantil mexicano.

A su vez, en Estados Unidos, la defensa de Eduardo Albor presentó el pasado 17 de junio una moción para desestimar la bancarrota ante la jueza Laurie Selber Silverstein, en Delaware. Durante la audiencia probatoria con testigos celebrada el 20 y 21 de julio (Caso No. 25-10606-LSS), el equipo legal aportó pruebas de un fraude procesal por parte de Prudential, Cigna y Sculptor: utilizaron poderes extintos de Wilmington Trust tras haber renunciado a su cargo fiduciario, ignoraron el Concurso Mercantil activo en México desde el 30 de diciembre de 2024 (su verdadero Centro de Intereses Principales — COMI) y violaron las medidas cautelares mexicanas, lo que deja a la administración actual sin el reconocimiento ni la facultad legal para representar a la compañía o disponer de sus activos.

“La prioridad para nosotros sigue siendo un proceso de reestructuración legal que proteja a la compañía, a sus colaboradores, a sus acreedores, a los mamíferos marinos bajo su cuidado y al mercado competitivo del país" agregó Albor.

A la fecha, la jueza Laurie Selber Silverstein aún no ha emitido una resolución sobre la desestimación del caso, por lo que la propuesta de venta a la filial de Grupo Xcaret carece de certeza jurídica y de la autorización legal necesaria para ser ejecutada.

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